Gabino Santos Briz. 29/11/2025

En diciembre de 1797 la iglesia de Aniezo sufrió un importante robo. Hubo un detenido al que se declaró, finalmente, inocente, por lo que se condenó a los mayordomos a indemnizarle

El 12 de diciembre de 1797 amaneció con sorpresa para los vecinos de Aniezo. Cuando su párroco se dirigió a la iglesia para decir misa se encontró con que, durante la noche, habían roto «una parez maestra» y habían descerrajado los archivos «de su fábrica, Santuario de Nuestra Señora de la Luz y otros depósitos» que se encontraban en la sacristía, robando «crecidas cantidades» de ellos. Rápidamente avisó al mayordomo de la parroquia, que era Esteban Garrido quien, «en cumplimiento de su obligación, ocurrió a dar quenta de dicho robo al Alcalde Maior» de Liébana.

En la tramitación de la denuncia, el Alcalde Mayor «practicó algunas dilixencias estrajudiciales y dispuso que dicho maiordomo presentase cierto escrito haciendo una sucinta relación del mencionado robo por el derecho y acción que pueda corresponder a dicha Fábrica e interesados, suplicando se sirbiese examinar a los vecinos inmediatos a dicha iglesia, a los del molino y pisón cercanos, en razón de aberiguar los cómplizes», cosa que Garrido hizo el 23 de diciembre.

En su cumplimiento, Garrido tomó declaración a varios testigos, resultando, a su entender, haber un sospechoso. Se trataba de Francisco Barona, que era el ventero en la venta de Cantalaguarda, del que «constaba haber estado en el dicho [lugar] de Aniezo la noche del día diez, víspera de la en que se ejecutó el robo, en casa de Santiago de Thorizes, vezino del dicho de Aniezo, según la declarazión de Andrés Gregorio su criado». Además, consideraba que Luis Barona, hermano de Francisco, y el citado Santiago de Thorizes eran, al menos, cómplices, «como sabedores» del robo. El mayordomo, según su versión, se limitó a cumplir lo mandado por el Alcalde Mayor y se «escusaba de esponer a dicho Alcalde Maior las obligaciones de seguir dicha causa para que con maior instrucción de ella se aumentasen los indicios contra los cómplizes».

El 2 de abril de 1798 el Alcalde Mayor mandó que volviera a declarar Santiago de Torices, «respecto lo diminuto de su primera declarazión». No sabemos lo que declararía en su nueva comparecencia pero el día 4 «se mandó conducir a la cárzel pública de esta villa a dicho Barona, con embargo y secuestro de sus bienes».

Sin embargo, estando encarcelado, «se le tomó declaración indagatoria y confesión, se aumentó el sumario, se practicaron otras diferentes dilixencias y se le mandó soltar bajo de una débil fianza». Aunque la causa era de oficio, para que prosiguiera tuvo que personarse Manuel de Floranes, el mayordomo de la parroquia de Aniezo que había sucedido a Garrido, «y en su consecuencia se practicaron las correspondientes pruebas, y aunque por parte de dicha iglesia se introdujeron algunas pretensiones, le fueron negadas, facilitando a dicho Barona los autos por medio de procurador, consintiéndole poner algunas notas en lo alegado por parte de la iglesia, aunque berdaderamente falsas, como se coteja de las declaraziones de los testigos que en ellas cita», sin entregar los autos a Floranes para que pudiera responder. Todo esto según la versión de Floranes, que es la que conocemos.

Así se llegó al 8 de octubre de 1799, día en que el Alcalde Mayor dictó sentencia, declarando inocente a Barona y condenando a Floranes y Garrido «en las costas y en los jornales del tiempo en que estubo preso dicho Barona».

Esta sentencia no gustó a Floranes que entendía que, aunque fuese inocente Barona, «el citado Esteban solo solicitó la aberiguazión de los cómplizes y examen de aquellos testigos que pudieran dar alguna razón, y en su vista se dio el auto de prisión que queda citado, con que, si no había mérito para ella, no es responsable otro que el juez, ni menos atender que el otorgante siguió la instancia en cumplimiento de su obligación respecto no se siguía de oficio como hera regular, en cuio concepto no se han exijido costas algunas hasta el presente». Por ello, dio poderes para recurrirla ante el Gobernador y la Real Chancillería de Valladolid, sin que sepamos cómo acabó la cosa.

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