Píldoras de Historia

La Serna de Potes

¿Desde cuándo es del Ayuntamiento de Potes el terreno de La Serna? El texto siguiente nos lo aclarará.
Es historia local.

- ¡La mitad de la Serna de Potes es nuestra!

Esto reclamaban en el siglo XIX los hermanos Matías y Josefa Lamadrid (ella representada por su marido Mariano Osorio Orense). Alegaban que el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, a quien había pertenecido antes, cedió su dominio a doña Isabel Obeso, de quien ellos eran herederos. Según ellos, los jueces habían dado la razón a la familia Obeso en 1792, cuando se opusieron a la cesión realizada por el Monasterio a favor de una tercera persona. Además, "habían redimido al Erario el censo o foro impuesto por los monjes y habían obtenido de esta manera el dominio directo".

Lo alegado debía tener su base cierta y el juez dictó un interdicto dándoles la razón. Sin embargo, el Ayuntamiento de Potes se opuso "alegando que La Serna de San Vicente hacía más de 50 años que estaba poseída por el común de vecinos, dedicándola a paseo público, bolera, eral, ferias y mercados, según lo probaban los diversos actos de dominio que había ejercido, y los repetidos acuerdos tomados por el Municipio para plantar árboles y extraer arena de aquel sitio".

Recusados el juez de Potes y sus suplentes, se celebró la vista oral, sin avenencia, en el juzgado de San Vicente de la Barquera que sentenció a favor de los demandantes, los hermanos Lamadrid. También la Audiencia de Burgos ratificó la sentencia en respuesta a la apelación del Ayuntamiento.

Éste optó entonces por recurrir al Gobernador Civil para que, fundándose en la Ley Municipal y en un Real Decreto de 1839, instara al Juzgado a inhibirse del caso. Correspondió resolver al Juzgado de Cabuérniga que rechazó la inhibición, justificándolo en tres hechos:

1. La demanda tenía por objeto los derechos de un particular;

2. Los acuerdos del Ayuntamiento de Potes sobre La Serna no eran legítimos, por referirse a un terreno ajeno; y

3. El requerimiento de inhibición se había presentado cuando ya había una sentencia ejecutoria.

El Gobernador, con el apoyo del Consejo Provincial, insistió en la inhibición por lo que, según lo establecido, la resolución del conflicto correspondía al Gobierno de la Nación. Por ello, el 29 de noviembre de 1868, Francisco Serrano, "Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros", firmó un decreto en el que resolvió a favor de la Administración, basándose en que "sobre la finca reclamada aparece constituido desde antiguo un aprovechamiento comunal, y por lo tanto las providencias dictadas para su conservación por el Ayuntamiento de Potes, son legítimas y no pueden invalidarse por medio de interdictos".

Fue así como Potes salvó el dominio público sobre La Serna.

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